El abogado del foro local, Gustavo García, en representación de los denunciantes, presentó ante la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura; un cuestionamiento del acuerdo legislativo; al cargo del Contador General, Salvador Meyer; y socio de la financiera, SICOM SA, la cual realiza préstamos a trabajadores de la administración pública a través de mutuales, gremios y donde hoy en día, hay empleados que han cobrado $0, a raíz de los descuentos que sufren sobre sus salarios para devolver las cuotas de esos préstamos.
Garcia explicó, en "La Mañana de Todos", que nuestra Constitución establece en el artículo 52 que el estado provincial debe garantizar una retribución justa (punto 4) y el pago del salario vital, mínimo y móvil (punto 5). Además, se suma que en el artículo 60, expresa en el inciso 2 que “los funcionarios o empleados públicos sólo están al servicio del Estado y de la población en general. En los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función o empleo”.
En la última sesión ordinaria, tomaron estado parlamentario los acuerdos legislativos de quince funcionarios provinciales, entre ellos el contador Salvador Meyer que tiene el cargo de Contador General de la Provincia, y estaría incumpliendo con la Constitución de la Provincia, la Ley de Ética pública, por incompatibilidades directa de su función y su condición de accionista de SICOM SA y miembro del consejo directivo de la asociación ACIPEND.
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