"Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia", aseguró la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.

La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, acompañada por el Jefe de la policía del Chaco Fernando Romero brindó una breve conferencia de prensa en la que anunció que el gobernador Jorge Capitanich dispuso el inmediato apartamiento de sus funciones de los agentes responsables de ejercer violencia policial contra una familia en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana.

El hecho se produjo en horas de la madrugada del domingo, cuando efectivos policiales de la comisaría tercera irrumpieron en una vivienda. Mediante golpes, detuvieron y trasladaron a cuatro personas - dos mujeres y dos varones - y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda.

“Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia”, aseguró Zalazar.

La ministra, remarcó además: “Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario, de integrantes de la policía que nada tienen que ver con el compromiso que lleva adelante el gobierno y la policía misma con el estado de derecho y las garantías de los derechos humanos., así como también repudiamos todo tipo de violencia”, aseguró la ministra.

En el caso, interviene el Órgano de Control Institucional (OCI) de la policía, junto a la Fiscalía de Derechos Humanos, exigiendo la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo “y realizando la investigación judicial para que sean juzgados penalmente por sus actos”, detalló Zalazar.

A su vez, la funcionaria aclaró que el equipo perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se hizo presente en el domicilio “con la finalidad de contener psicológicamente a las víctimas, asesorarlas y orientarlas legalmente en cuanto a la reivindicación de sus derechos vulnerados, promover el acceso a la salud solicitando ambulancia y acercándolas al servicio del Hospital Perrando articulando con el Ministerio de Salud y la Justicia”.

Además, el Estado también será querellante en la causa “para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia por las víctimas. El equipo continúa en contacto con la familia para generar una intervención integral y darle acompañamiento en todo momento”, finalizó Zalazar.