Consultado por la prensa oficial sobre la cautelar emitida por la jueza Marta B. Aucar de Trotti, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº19, que suspende la aplicación de la IVE en la provincia del Chaco, el gobernador Jorge Capitanich sostuvo que "cuando existe una ley federal, de alcance nacional, tenemos que regirnos por las Constituciones Nacional y Provincial. Tenemos que respetar las leyes supremas".

El mandatario manifestó que "una decisión de esta naturaleza requiere la división de poderes. Tengo una posición contraria a la Ley, pero es Ley de la Nación. Así que vamos a acatar la decisión que emane de los poderes constituidos del Estado. Si hay una manda judicial, deberá evaluarse el proceso. La Provincia debe ser notificada para tener el dictamen correspondiente de todas las áreas pertinentes. Luego, tener el protocolo conforme a la normativa vigente a nivel nacional y ejecutar una ley sancionada por el Congreso".

La medida cautelar en contra de la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo, surgió a partir de una presentación encabezada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Fernando Enrique Guirado, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina, que plantearon la inconstitucionalidad de la norma, en base a lo establecido en el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción” a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la Provincia con la Nación, "debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana".

Una de las firmantes en este pedido es la ex diputada radical, Clelia Ávila, denunciada penalmente por el Gobierno chaqueño, en 2017, por incitar el accionar de un grupo violento que golpeó a participantes del 32° Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Resistencia.