El escritor y periodista Mempo Giardinelli indicó en diálogo con PUNTO SUR que desde 1995 hay una concesión a una empresa multinacional de la denominada hidrovía que se fue sosteniendo a lo largo de varios gobiernos, y que vence el próximo 30 de abril.

Explicó que muchos economistas calculan que se mueven anualmente entre 25 mil y 50 mil millones de dólares por año.

"El tránsito es completamente desregulado porque el Estado no controla nada, y allí pasan 5 o 6 mil barcos de gran porte por año en ambos sentidos que llevan millones de toneladas de productos. La AFIP no cobró un centavo, la Unidad de Investigación Financiera no ha podido verificar la veracidad de lo que se declara o evade porque nadie tiene duda de que hay contrabando", destacó.

Agregó que "la Prefectura Naval no tiene poder de policía sobre ninguno de estos buques que van y vienen, el Senasa tampoco para saber si las cargas cumplen con las normas sanitarias; o sea es como si fuera un río liberado porque hay una empresa que se encarga del dragado y que lo hace con personal argentino cobrando fortunas por año".

Giardinelli opinó que "por ahí debe pasar el gran tráfico de droga como se comprobó la vez pasada con un barco que venía de aguas arriba del Paraná, estuvo tres días anclado en la ciudad de Buenos Aires, siguió viaje y cuando llegó a Amsterdam en Holanda lo inspeccionaron y hallaron 16 toneladas de cocaína pura".

"Además del daño ambiental, -remarcó-, como tampoco hay una flota fluvial ni marítima nacional, los buques que pasan son extranjeros y están amarrados en unos 25 puertos que parecen enclaves coloniales con sus propios límites, e incluso su propia policía en los que ningun argentino puede meterse y están fuera de control".

Mempo Giardinelli integra junto a varios representantes de instituciones, así como políticos, intelectuales, también ganaderos y agropecuarios una comisión de Defensa de la Soberanía del Paraná, y que propuso a las autoridades a tomarse el tiempo necesario para investigar la situación, además de sugerir que se convoque a una Consulta Popular tal cual lo establece la Constitución Nacional dada la complejidad del tema.

"Toda concesión es una forma de privatización y una pérdida de soberanía del río Paraná", concluyó.