El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, dijo que la ley de alquileres fracasó. Y que van a presentar un proyecto para modificarla. Lo que dijo Massa fue ratificado por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien habla en nombre del presidente. Se trata de la Ley 27.551, aprobada por Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. La oposición -María Eugenia Vidal fue quién más lo expresó- incluyó su derogación o modificación como tema de la campaña electoral. El oficialismo no, hasta ahora, que, con Massa a la cabeza, se dio cuenta que era una norma fallida.

Los puntos clave a modificar -dicen- son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación; y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo como mínimo.

La Constitución argentina garantiza el “acceso a la vivienda digna” a todos sus ciudadanos. Acceso no es lo mismo que propiedad, como cualquier jurista sabe.

Alrededor de nueve millones de personas viven en viviendas alquiladas en Argentina. Nueve millones de personas que cada dos o tres años, tienen que pensar si van a poder seguir viviendo bajo el mismo techo en que están o deberán buscarse otro. Si el que conseguirán será igual o peor que el que habitan y si podrán pagarlo. Si podrán pagar todos los gastos que se le presentarán, de mudanza, comisiones, honorarios de profesionales que no contratarán, porque lo hará el propietario, pero que sí pagarán, él o ella, porque la mayoría de les inquilinos son mujeres, con hijos. También deberán pensar en cuánto les cobrarán por el nuevo alquiler, si se mudan o si se quedan en la vivienda donde están. Y cuánto aumentará, en un país donde la inflación es uno de los grandes problemas. Si tienen hijos -la mayoría los tiene- deberán resolver a qué distancia les quedará la escuela del nuevo domicilio. Y a qué distancia quedará el trabajo de el/la/los jefes de hogar, si lo tienen. Si pasan los años en esa misma situación -la mayoría los pasa- sentirán la sensación que se siente cuando alguien ve pasar la plata. Es decir, cuando tras cobrar, con suerte un sueldo o lo que sea, ese dinero pasa casi directamente a otro, a un propietario. Y uno la ve pasar. Y con los años piensa: “No me estoy capitalizando”. El propietario sí. Lo peor de todo es que si sos un ser humano en algún lugar tenés que vivir. No podés estar así nomás, sin un lugar donde caerte muerto, como quien diría. Y si se te dio por formar una familia o lo que sea que se te haya dado por formar, menos. Con el tiempo es también inevitable tener la sensación de que estuviste pagando para poder respirar. Estoy exagerando, claro.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, el 2 de julio pasado, desde Inquilinos Entre Ríos consideraron positiva la aplicación del nuevo índice de actualización debido a que antes el sector inmobiliario aplicaba aumentos semestrales y acumulativos arbitrariamente, porque no existía ninguna normativa. Y como se encontraba prohibida la indexación se lo disfrazaba como bonificaciones. Con el índice que estableció la ley de alquileres los inquilinos, por primera vez en décadas, se vieron beneficiados. El plazo mínimo de tres años, en lugar de dos, para los contratos, también benefició a los inquilinos, por las vicisitudes que antes mencionábamos, a la hora de renovar o cambiar de casa, aunque encareció, por ejemplo, los sellados. Estamos hablando de un mínimo alivio para un sujeto social, el inquilino, históricamente maltratado y ninguneado por gobiernos de distinto signo político, como pareciera que vuelve a pasar. “Terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino", es el argumento para derogar la ley. Lo que se venía, o debería haberse venido en realidad, era la discusión, por ejemplo, por la regulación del precio de los alquileres o el impuesto a la vivienda ociosa, dicen desde las organizaciones de inquilinos. Horror declarado para los buitres inmobiliarios. Y para cierta pequeña burguesía propietaria que vive de rentas. La ley de alquileres, por poco que les haya tocado el negocio, les molesta sobremanera. Ayer, un amigo fue a la inmobiliaria a pagar el alquiler. Allí se enteró que la actualización anual por su departamento, un dúplex, dos dormitorios, en un barrio, con el índice que establece la misma ley, será mayor al 60 por ciento. Ante su asombro, recibió como respuesta del dueño de la inmobiliaria: “Vos los votaste”. No hay ingenuidades en esto. Canallas.

De una iniciativa de Vidal y Milei, ahora se hace eco Massa y el gobierno parecería alinearse. ¿Los políticos son todos iguales? No. Para nada. Nunca seremos cómplices del discurso de la anti política. Siempre defenderemos la política como herramienta de transformación de la realidad y de las injusticias políticas, civiles y sociales. Pero, qué bueno sería que nos ayudaran un poco.

Editorial de José Luis Ferrando, licenciado en Comunicación Social, periodista de LT14 Radio Nacional Paraná.