El abogado Alejandro Bulay, Defensor Civil de Menores en Situación de Vulnerabilidad de Concepción del Uruguay, sobre la asistencia por parte del estado a personas con trastornos de salud mental, y mencionó que "el rol nuestro tiene que ver con promover acciones encuadradas en la Ley de Salud Mental. Desde nuestro lugar abordamos de forma intersectorial, desde un enfoque de la salud, en relación a esta ley que ya tiene 12 años, se ha cambiado de paradigma, y en este sentido hay mucho para recorrer en relación a la asistencia del paciente".

Sobre la discusión en la internación del paciente, dijo "En principio el paciente tiene que expresar su voluntad, pero hay casos en que el paciente puede ser internado sin su consentimiento, tiene que haber una orden del médico que lo evaluó y el equipo de salud expresamente, por ejemplo, desde la defonsoría se puede articular el traslado involuntario para ser evaluado por el equipo de salud mental de la justicia, y a partir de ahí determinar el criterio de internación del paciente, cabe remarcar que cualquier internación se busca que sean plazos cortos, la finalidad es el menor plazo posible, si supera los 90 días debe hacerse un informe".

Sobre las adicciones en casos de brotes, que tratamiento se debe realizar, el abogado explicó "La finalidad es terapéutica, si continúa con riesgo para sí o para terceros, se hace una evaluación con profesionales de la salud y la internación no puede ser indeterminada".

En relación al cierre de algunos centros de día, aclaró "No tenemos información concreta sobre este tema, pero tenemos que hacer hincapié en tener mayor presupuesto y destinar partidas para la salud mental y reforzar estos centros de día, estos lugares cumplen con este mix de tener una inserción familiar y estar cuidado en estos centros "

A su vez sobre inimputabilidad de las personas con estas patologías, mencionó "Se refuerza la atención de los padecientes de salud mental, tener una cobertura integral, hacer cumplir la Ley de Salud Mental y reforzar los recursos de los organismos de salud, me parece que no es necesario la modificación de la ley, sobre todo si consideramos que un padeciente con trastorno de salud mental que cometa un delito no significa que sea inimputable, no todos los casos son iguales".