La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), junto a 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la aprobación de un decreto de autolimitación de facultades en el proceso de designación de magistrados y magistradas, para que el Poder Ejecutivo contribuya en la reducción de la brecha de género al proponer integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Para conocer detalles sobre esa herramienta, durante el programa Muchas Gracias, Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga dialogaron con Mabel Bianco, referente de FEIM.

“Según los datos del Mapa de Género de 2021 elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las mujeres ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal. Dicho porcentaje desciende en la medida que se asciende en jerarquía, hasta llegar a un 17% en los máximos cargos de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General”, explicó Bianco.

“Es por ello que presentamos ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia una propuesta para que el Poder Ejecutivo apruebe un decreto que incorpore a su facultad de seleccionar magistrados y magistradas establecida en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional una serie de requisitos tendientes a garantizar la igualdad de género en el acceso a cargos judiciales. Entre las disposiciones del decreto sugerimos que se incluya la obligación de devolver las ternas remitidas por las instituciones judiciales cuando estén conformadas solamente por varones; la obligación de designar mujeres en los órganos colegiados que actualmente están conformados solo por varones; y la de determinar un porcentaje mínimo de cargos judiciales que deberán ser ocupados por mujeres para que, en los casos en que éste no se cumpla, se comprometa a remitir al Senado únicamente el pliego de candidatas mujeres”, detalló Bianco.

Sería una forma en la cual quienes tienen la responsabilidad de proponer cargos, estén promoviendo la paridad. Y esto no es porque simplemente queremos la paridad, sino porque todos sabemos que en cualquier institución, la presencia equilibrada de hombres y mujeres funcione de una forma más armónica. Lo cual no quita que se siga luchando por la aplicación de la Ley Micaela, dado que ser mujer no garantiza tener perspectiva de género.

Por otra parte, Bianco explicó que hay formación en perspectiva de género en el Poder Judicial de la Nación pero es voluntaria. “Creemos que debería ser obligatoria, pero no solo para jueces y jueces, sino también para todo el personal”.

Finalmente, la especialista expresó la importancia de que se valore más a las y los abogados que tengan formación en perspectiva de género y la importancia de que eso también esté presente en los estudios de grado. Ante cualquier consulta, es posible contactarse con fundacion.feim@gmail.com Teléfono: 01143722763

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Muchas Gracias, Lunes a viernes de 8 a 12h
Conducción: Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza.
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