Se trata de Deolinda Carrizo, la directora de Género e Igualdad de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que está interviniendo en un reclamo contra un desalojo en un paraje rural.

La resolución fue firmada por la jueza de Control y Garantías de la ciudad de Santiago, Ana Cecilia Vittar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay, contra Carrizo y ocho integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), acusados de interferir en una orden de desalojo —que denunciaron arbitrario y amañado— de una familia en el paraje El Urunday, de la localidad de Roversi, en el departamento Moreno, a unos 250 kilómetros al este de la capital provincial, cerca del límite con Chaco.

Carrizo junto a integrantes del Mocase se hicieron presentes en el lugar, para denunciar “una vez más el avasallamiento del Poder Judicial sobre los derechos de las familias campesinas.

INFORME Y WEB: Josefina Adrover - ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENAS

EMISORA: LRA4 - Radio Nacional Salta