Hace 47 años, a la 00 hora del 24 de marzo de 1976, la Argentina comenzó a vivir una de sus horas más oscuras. El golpe de Estado promovido por una rebelión cívico-militar depuso a la presidente María Estela Martínez de Perón para instalar uno de los regímenes más violentos de Latinoamérica, con el objetivo de “limpiar de la amenaza comunista” a un continente atravesado por la desigualdad económica y social.

Se comunica al país que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad policial o militar. Así como evitar actitudes individuales o de grupo que demanden una intervención drástica del personal de operaciones (…) – (0:45)

En lugar del gobierno democrático, se estableció una autodenominada Junta Militar, liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. La Junta permaneció en el poder hasta diciembre de 1983.

Hasta marzo del 76, la Argentina era el único país de Sudamérica que mantenía un régimen democrático. Todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares: Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay y Juan María Bordaberry en Uruguay, sostenidas por los Estados Unidos en el contexto de la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”.

Esta doctrina sostuvo que las fuerzas armadas de Latinoamérica debían tomar el poder de sus países con el argumento de “garantizar el orden interno y combatir aquellas ideologías, o movimientos que pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría”.
Con esta premisa, la violación a los derechos humanos formó parte de un plan sistemático aplicado en Argentina que incluyó la reclusión forzada de personas, la ausencia de juicios para las detenciones, las torturas y la “desaparición de personas”, una categoría “creada” por el general Videla para definir a aquellas personas de las que no se conocía su paradero

En una visión cristiana los derechos humanos son algo fundamental. La Argentina atiende a los derechos humanos. Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si alguien apareciera, tendrá un tratamiento equis. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su tratamiento, tiene un tratamiento zeta. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita. ((1:11))

En Argentina, en el período de 1976 a 1983, según los informes de la CONADEP (comisión creada en democracia para la investigación de crímenes de lesa humanidad) hubo 30 mil desaparecidos, millar de exiliados y detenidos.

La clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, eliminación física de los detenidos y el saqueo de las viviendas de los detenidos, y el robo y cambio de identidad a bebés hijos de militantes detenidos fueron prácticas usuales en todo el país.

A 47 años de la peor dictadura sufrida por el país, y con el trabajo fundamental de organismos de derechos humanos, hay más de 700 militares responsables de crímenes de lesa humanidad juzgados, y 132 nietos (los bebés que en los 70 fueron apropiados por los militares) que conocieron su verdadera identidad.

Al día de hoy, continúan los juicios contra participantes civiles o militares en las tareas de represión contra la población. Argentina, en este sentido, se convirtió en una referencia a nivel mundial en la búsqueda de la Verdad y la Justicia.

Por Memoria, Verdad y Justicia ¡Nunca Más!