El Ministerio de Ambiente hizo la presentación, ante la Cámara Federal de San Martín, para que se revoque el fallo del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que ordenó frenar el cierre del basural a cielo abierto más grande del país y la continuidad de la obra del centro ambiental que avanza en el Predio Sucre, en el Partido de Luján. El viceministro Sergio Federovisky enumeró las razones de la apelación a la decisión judicial que se sustenta en el estudio de impacto ambiental y las instancias de participación ciudadana.

Explicó que se trata del basural “más antiguo, más grande y más abyecto” donde se ha puesto “un esfuerzo enorme desde el punto de vista técnico y la aplicación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo” para su saneamiento.

Precisó que el freno judicial llega cuando ya está concretada “en un 70%” la remediación” que a, su vez, prevé la “construcción de un centro ambiental”.

Hizo especial hincapié en la importancia de dicho centro ambiental porque “no solamente permitirá la disposición de los residuos y la reutilización y reciclaje de los mismos” sino que, además, permitirá que trabajen en una planta de tratamiento “más de 200 recuperadores, en condiciones dignas”.

El funcionario advirtió que, pese a ello, un grupo de “vecinos que son terratenientes que no viven en Luján” se han opuesto al proyecto y presentado un recurso de amparo “que insólitamente el juez federal de Mercedes les ha concedido”.

“Qué más daño ambiental que el basural a cielo abierto, trabajando desde hace 50 años”, cuestionó y dio cuenta de todos los requisitos y condicionamientos interpuestos por el BID que fueron cumplidos para obtener el dinero para financiar la obra.

La creación del Centro Ambiental de Luján se enmarca dentro del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y comprende una inversión por parte del Estado nacional junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD 18 millones.

Federovisky citó el aval que tiene la obra en la comunidad de Luján y que incluye a la Iglesia, a la Cámara de Comercio, recuperadores urbanos, directoras y maestras de la zona, entre otros.

“Prácticamente todas las fuerzas vivas de Luján han manifestado su adhesión a este proyecto”, enfatizó y confió en que la justicia revea su decisión y permita que las obras sigan avanzando.

“Insólitamente 14 personas que no viven en Luján pueden frenar un proyecto que va a beneficiar a 120 mil habitantes”, lamentó.

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