Hablamos con Ianina Tuñon, coordinadora de los estudios de infancia del observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, sobre el derecho a la alimentación y el resultado de un estudio que muestra el aumento de números de hogares con chicos de clase media que recibieron ayuda alimentaria o programas de transferencia directa o indirecta en 2022.

Este es un estudio que se realiza todos los años y vemos en términos de seguridad alimentaria, una mejora con respecto del 2020 donde estábamos en un 37% y hoy estamos en un 31% y alrededor de un 13% con situación severa o grave. “Si bien hay una merma respecto del año de pandemia todavía estamos lejos de solucionar el problema”.

Señalo que la principal política que ha tenido la Argentina desde el 2010 para procurar incidir en la pobreza e indigencia ha sido la asignación universal por hijo (AUH) a trabajadores informales precarizados o personas que no tienen un trabajo, con el objetivo de igualar las infancias en términos de la inserción laboral de sus padres.

Además, destaco que el resultado de los estudios de la tarjeta alimentar fue positiva en la situación más extrema, la indigencia y el acceso a alimentos de los sectores sociales más críticos en temas socioeconómicos.

Si bien los aumento que han percibido estos programas han sido importantes sigue habiendo un 30% de hogares que tienen problemas para alimentarse, lo cual habla de la perdida de la capacidad de compra del salario argentino de los sectores más precarizados e informales de la economía que no logra actualizar su salario, son políticas buenas, pero es muy difícil sostener un impacto progresivo con esta inflación. Explico.

“Lo ideal claro, sería que no existieran estos planes, pero si hoy no los tuviéramos la situación seria mucho más grave” por eso “Necesitamos una clase política más integra, ordenada y decidida a tener políticas de estado a largo plazo.”