Organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunidades originarias y organismos de derechos humanos, mantienen las movilizaciones en rechazo a la reforma de la Constitución provincial y de la violencia institucional. Se mantienen las protestas en las localidades de Abra Pampa, Hornaditas, Iturbe, La Quiaca, Paraje San Roque, Purmamarca, Susques Tilcara y Uquía.

Ayer, organizaciones sociales, sindicales y organismos de derechos humanos realizaron un festival frente al penal de Alto Comedero para reclamar la liberación de los presos políticos, con la consigna: “El pueblo jujeño resiste en la calle, por los docentes, las comunidades y por los derechos de nuestro pueblo”. Por su parte, Alberto Fernández, en condición de presidente del Partido Justicialista (PJ), ordenó la intervención del PJ de Jujuy, que votó a favor de la reforma constitucional de Gerardo Morales, gobernador provincial y precandidato a Vicepresidente por Juntos por el Cambio.

Desde el Centro de Estudios Legales y Técnicos, denunciaron que hubo “más de 40 allanamientos” para detener a “referentes de organizaciones sociales”. Junto a otros organismos de derechos humanos aseguraron que el Gobierno de Gerardo Morales “cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”.

La justicia jujeña detuvo al abogado Alberto Nallar por sedición. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación presentó un habeas corpus preventivo por otros cuatro abogados, defensores de detenidos de las últimas protestas pero también abogados de comunidades originarias y derechos humanos y hasta uno de ellos, exjuez federal.

Conversamos con Manuel Trufo, integrante del Centro de Estudios Legales y Técnicos.

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