El Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) realizó junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un aporte a la Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos” para guiar el diseño e implementación de medidas que protejan los derechos humanos ante la producción y comercialización de armas de fuego. “Un Estado que no controla la circulación de armas de fuego se arriesga a mayor nivel de violencia”, dijo Alfie.

En este sentido, Julián Alfie, subdirector del Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), contó que el Estado de México presentó una demanda contra las empresas fabricantes de armas de fuego de los Estados Unidos, argumentando que aumentan los niveles de homicidio en México. “Las armas que provee Estados Unidos genera más homicidios en México”, expresó y por tal motivo desde Argentina se presentó este aporte.

Seguidamente, explicó que “por primera vez en Argentina la discusión sobre la libre portación de armas ha entrado en la campaña electoral nacional, y eso es muy peligroso sino se lo trata con responsabilidad”, dijo Alfie.

El Estado estima que en Argentina hay entre 3 y 4 millones de armas de fuego, de las cuales 1.749.121 están registradas.

La mitad de los homicidios ocurridos durante 2022 en nuestro país se cometieron con armas de fuego. En 1 de cada 4 femicidios se usaron armas de fuego.