El Presidente dijo que el incremento en los tributos en el que avanzó el gobierno bonaerense es “expropiatorio” y cuestionó la contraprestación que brinda el Estado provincial en materia de seguridad. “Es un baño de sangre”, afirmó

El presidente Javier Milei ratificó este domingo sus cuestionamientos a la suba de impuestos que estableció el gobierno de la provincia de Buenos Aires y señaló a la gestión del gobernador Axel Kicillof en materia de Seguridad y Educación como un ejemplo de que los tributos que los bonaerenses pagan no regresan a través de servicios. “La provincia es un baño de sangre”, alertó el jefe de Estado durante una entrevista en la LN+ con el periodista Luis Majul.

Milei aseguró estar “totalmente de acuerdo” con la posición expresada por el diputado José Luis Espert, recientemente incorporado al bloque de La Libertad Avanza y aliado del gobierno. En la misma línea de razonamiento, dijo que los incrementos dispuestos por Kicillof son “confiscatorios”, y dijo que no se ve la contraprestación.

“Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”, aseguró el mandatario nacional.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, había advertido Espert, quien admitió que él mismo evitaría pagar las fuertes subas.

Y en el mismo sentido, había asegurado: “Así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo. Y vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”. Por su parte, el presidente se mostró en consonancia con esa mirada.

El gobernador Kicillof, por su parte, convocó a una conferencia de prensa para este lunes 18 de marzo a las 8.30 de la mañana, y se espera que allí se refiera a este llamado a una desobediencia fiscal contra el su gestión, al menos en este punto.

Se trata de la nueva ley fiscal impositiva 2024 de la provincia de Buenos Aires que entró en vigencia a principios de enero, después de ser publicada en el Boletín Oficial. A través de esta medida, el gobernador aplicó un aumento sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural que oscilan entre el 140% y el 200%.

En aquel entonces, el ministro de Economía provincial, Pablo López, señaló que durante cuatro años no se habían aumentado los impuestos. Y bajo la misma línea, añadió: “Los últimos montos se fijaron en diciembre de 2022, de ahí la inflación a hoy acumulará más del 210%. Para cuando se empiecen a pagar estos impuestos en febrero/marzo de 2024, los privados estiman una inflación acumulada desde enero de 2023 de más de 300 por ciento”.

Además, el ministro argumentó a través de sus redes sociales: “Más allá de los aumentos, que no lo son en términos reales, los valores absolutos en el Urbano son: para el 31,6% de las partidas el impuesto anual no supera los $5.000, es decir, cuotas de menos de $1.000. Para el 49,1% de las partidas no superará los $10.000 anuales, es decir, cuotas de menos de $2.000. Y solo un 15% tendrá que pagar un valor anual mayor a $50.000″. El mensaje fue replicado tanto por el mismo gobernador de la Provincia como por distintos miembros de su gabinete.

En el mismo sentido, enfatizó que en Buenos Aires vive el 44% “de las personas más vulnerables del país”, y que se trata de “la provincia más perjudicada por un sistema de coparticipación federal de impuestos que es a todas luces inconstitucional y que le impide contar con los recursos que necesita”.