Con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites vinculados al desarme de vehículos y la venta de autopartes, el Gobierno Nacional modificó la Ley 25.761 a través del Decreto 428/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La medida apunta a simplificar procesos, reducir costos operativos y fortalecer el control estatal sobre la trazabilidad de las autopartes, incorporando herramientas digitales en un sector históricamente burocratizado.

La norma establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios implementará una plataforma digital para gestionar la baja y el desarme de vehículos.

Hasta ahora, ese trámite sólo podía hacerse de forma presencial, con la entrega de documentación en papel y fotos impresas del vehículo.

“La exigencia de presentar documentación en papel y registrar múltiples datos para cada vehículo ha devenido obsoleta a la luz de los avances tecnológicos disponibles”, argumenta el texto oficial.

La digitalización permitirá, según el decreto, un sistema de registro caracterizado por capacidades de inmediatez y mayor eficacia, centrado en los datos clave que permitan garantizar la legalidad del desarme y la identificación de las autopartes reutilizables.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno. En esa línea, se reducen los requisitos exigidos a los desarmaderos al momento de documentar el ingreso y egreso de vehículos y piezas.

A partir de ahora, por cada automotor ingresado para su desarme, sólo será obligatorio consignar la marca, el modelo, el número de pieza y el certificado de baja.

Las piezas no aptas para reciclaje deberán ser destruidas, lo que refuerza los controles sobre el circuito legal de autopartes.

Antes de esta modificación, la normativa exigía registrar información más extensa y, muchas veces, innecesaria, como el tipo de combustible, la fecha de fabricación, el país de origen, el establecimiento fabricante y el destino de cada pieza.

Desde el Ejecutivo explicaron que esta acumulación de datos, lejos de mejorar el control, “entorpece la operatoria regular” de quienes integran el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC).

La digitalización de los trámites para la baja y el desarme vehicular se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), que declaró la emergencia pública y otorgó al Poder Ejecutivo facultades para reorganizar la administración del Estado.

“En línea con los principios de simplificación administrativa, transparencia y eficiencia en la gestión pública promovidos por el Gobierno Nacional, resulta necesario adecuar la normativa vigente”, señala el decreto.

Desde la Casa Rosada remarcan que la decisión no solo beneficiará a los operadores del sector automotor, sino que también fortalecerá el control estatal sobre un mercado que, durante años, fue terreno fértil para la informalidad.

El nuevo sistema digital, que estará operativo en los próximos meses, convivirá transitoriamente con el trámite presencial, hasta que la plataforma esté plenamente en funcionamiento. Una vez habilitada, los usuarios deberán subir la documentación y fotos del vehículo directamente al sistema digital del Registro del Automotor.

Cambios de la nueva normativa

Se digitaliza el trámite de baja y desarme de vehículos.
Se simplifican los datos obligatorios que deben registrar los desarmaderos.
Se establece que las piezas no reciclables deben ser destruidas
Se elimina la exigencia de información redundante o poco relevante.
Se avanza hacia una administración pública más eficiente, moderna y transparente
El Decreto 428/2025 será remitido a la Comisión Bicameral del Congreso, como exige la legislación vigente, y entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial

Con esta decisión, el Gobierno da un paso más en su plan de desburocratización y digitalización del Estado, priorizando el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del control institucional sobre procesos clave para la seguridad, la legalidad y el desarrollo del sector automotor.