El Gobierno nacional confirmó que apelará la medida judicial que suspendió provisoriamente el decreto que eliminaba el asueto administrativo del 27 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Empleado Público.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien criticó con dureza el fallo dictado por el Juzgado Nacional N.º 3 del Trabajo, que hizo lugar a una cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La jueza interviniente dispuso que los trabajadores representados por ese gremio queden eximidos de cumplir con la jornada laboral este viernes.

“El Gobierno nacional presentará, de forma inmediata, la correspondiente apelación para asegurar la eliminación de todo beneficio o prerrogativa de una casta por encima del pueblo”, expresó Adorni desde su cuenta de X.

En su mensaje, también apuntó contra lo que definió como “la mafia sindical y la casta judicial”, a las que responsabilizó por frenar una medida que busca igualar las condiciones entre empleados públicos y privados.

El Decreto 430/2025, publicado esta semana en el Boletín Oficial, elimina el día no laborable para los trabajadores de la administración pública nacional.

Según el Ejecutivo, se trata de una medida coherente con la concepción del Estado que impulsa la gestión del presidente Javier Milei: un Estado que funcione con eficiencia, transparencia y compromiso de servicio, sin privilegios injustificados.

“La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”, había afirmado Adorni en conferencia de prensa al anunciar la decisión.

El decreto subraya que el exceso de feriados perjudica a los ciudadanos, sobrecarga al sector privado y atenta contra el funcionamiento normal de los servicios públicos.

Desde el Gobierno insistieron en que la jornada debía cumplirse con normalidad, al considerar que los feriados especiales por sector no se justifican dentro de una lógica de administración moderna orientada a resultados.

Además, destacaron que este tipo de asuetos implica un costo directo para el conjunto de la sociedad.

Pese a la medida judicial que suspende provisoriamente la aplicación del decreto en relación a un grupo específico de trabajadores, el Ejecutivo ratificó su voluntad de avanzar con la eliminación de prerrogativas sectoriales que considera parte de un sistema de privilegios que la sociedad argentina ya no está dispuesta a sostener.