El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que el Gobierno “ya comenzó la urbanización de 46 barrios populares” en el marco de un plan para urbanizar 400 barrios y asentamientos por año.

“Argentina tiene 4.400 barrios populares, donde viven 4 millones de personas en villas, barrios y asentamientos. Vamos a urbanizar de a 400 barrios por año y ya tenemos en marcha 46”, indicó el funcionario en declaraciones radiales.

Arroyo dijo que para llevar adelante esta urbanización “existe un registro de barrios populares, y cada gobernador fija sus prioridades” y recordó que “una ley votada en 2018 creó este registro y también un fideicomiso para comenzar esta tarea”.

“En parte, estos fondos para la urbanización provienen del impuesto País vinculado al dólar. También, si se aprueba la contribución de las grandes fortunas, una parte irá a la urbanización. Pero al margen de esto último, ya hay un presupuesto propio”, explicó Arroyo.

Sobre la toma de tierras en Guernica aseguró que “lo primero que hay que decir es que no se puede aprobar la toma de tierras porque es algo ilegal, no hay debate sobre la propiedad privada en Argentina”.

“En segundo lugar, es cierto que hay un déficit serio en materia de vivienda y hay hacinamiento. Por eso en nuestro plan no sólo estamos planteando urbanizar sino mejorar en muchos casos la vivienda preexistente”, expresó.

El titular de la cartera de Desarrollo Social indicó que “por un lado se busca urbanizar, abrir calles, poner servicios básicos en los barrios" y por otro "mejorar las viviendas existentes, porque mucha gente sumando una cocina y un baño hace una gran diferencia”.

“Y el tercer aspecto -completó- es generar lotes con servicios cuando se hace una urbanización; que primero lleguen los servicios y luego la vivienda, y no al revés”.

En este sentido, consideró que “hay mucha tierra fiscal en manos del Estado que se podría usar para hacer urbanizaciones”.

Aseguró en este aspecto que “estamos apuntando a construir un banco social de tierras” analizando “muchos terrenos fiscales que el Estado tiene a partir de la construcción del ferrocarril y que quizás pueda usarse para estos fines”.