El Gobierno de Bolivia reactivó un proceso judicial contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de personas y estupro, luego del escándalo desatado el jueves por la denuncia de una fiscal que afirma haber sido destituida de su cargo por haber incumplido una orden para frenar la investigación contra el exmandatario.

El Gobierno de Luis Arce anunció ayer cinco medidas concretas en relación con el caso contra Morales, en una muestra de la profunda fractura que existe hacia adentro del MAS (Movimiento al Socialismo), con los sectores que encabezan Morales y Arce colisionando desde el año pasado con la mira puesta en los comicios del año próximo.

Arce dijo que solicitará que la investigación contra Morales se declare en reserva para proteger a la víctima y evitar su politización, según el diario boliviano El Tiempo.

Para el presidente, este es un tema "sumamente delicado" porque hay una menor de por medio y el Gobierno "nunca va a utilizar un caso tan delicado, que tiene varias implicaciones para la población, como un tema político”.

Además, el Gobierno activará un proyecto de ley para la imprescriptibilidad de delitos contra menores.

Arce enfatizó en que es una prioridad del Gobierno el "cuidar a la niñez" y que justamente por eso se presentó al Legislativo este proyecto de ley que había entrado a la Cámara, por segunda vez, en marzo pasado y hasta el momento no fue aprobado.

Por otro lado, el Ministro de Justicia, César Siles, informó que se remitió al Tribunal Constitucional Plurinacinal (TCP) la resolución que dejó sin efecto la aprehensión de Morales, con el objetivo de que sea revocado.

Además, pedirá al Ministerio Público que investigue la actuación de la jueza Lilian Moreno para determinar si la magistrada buscaba favorecer a Morales.

El Ministro también cuestionó al fiscal general Juan Lanchipa, por haber destituido a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros dos fiscales de materia que estaban a cargo de la investigación contra Morales.

El expresidente Evo Morales dijo ayer que no le extraña ni le preocupa el proceso abierto en su contra.

“No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, publicó Morales en su cuenta de la red social X.

En tanto, el Grupo de Puebla, que aglutina a dirigentes de izquierda de América Latina, expresó su "profunda preocupación por la campaña de 'lawfare' que se está empezando a desarrollar" contra Morales y llamó al presidente Arce a "no permitir que su Gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano".

"A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre Morales y Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado", afirma el grupo en un comunicado.

En este sentido, el foro político convocó a prestar atención "a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente" a Morales.

El escándalo se desató tras una denuncia el 26 de septiembre en contra del expresidente y los padres de la víctima (una menor de 15 años) por los delitos de trata y tráfico de personas y estupro sobre un hecho ocurrido en 2015 en Tarija.

Producto de la relación de Morales con la víctima, nació una menor que en la actualidad tiene ocho años, y se encuentra registrada con los apellidos de Morales y de la madre.

Según la exfiscal Sandra Gutiérrez, Lanchipa había ordenado que no se investigara el caso; no obstante, continuaron con las diligencias y se dictó la orden de aprehensión contra el expresidente.

A pesar de que no se había notificado la orden aprehensión, los abogados de Morales presentaron el miércoles, en Santa Cruz, una acción de libertad y la jueza Lilian Moreno dejó sin efecto la orden por fallas procedimentales.

Lanchipa aseguró que destituyó a Gutiérrez por los errores cometidos en este caso. Afirmó que se conformó una comisión de fiscales para continuar con el proceso investigativo contra el expresidente.