El presidente Alberto Fernández aseguró esta semana que le preocupa la situación en las cárceles de la Argentina, frente a la amenaza del coronavirus. "Estoy tratando de que podamos controlar el tema de un modo racional. Pero no es un problema de la Argentina, es del mundo entero", afirmó en diálogo con una radio argentina.
La declaración se dio después de que, con la expansión del coronavirus, y la aparición de casos entre algunos internos, las cárceles saltaron a escena pública como una bomba de tiempo. Hubo motines en penales de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), Devoto (ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Santa Fe y Corrientes.
Las cárceles en Argentina, antes de la llegada del COVID-19 al país ya eran un tema complejo, con múltiples realidades según el penal. Y en donde el hacinamiento, las condiciones de quienes se encontraban con sentencias o esperando juicio, desde delitos gravísimos hasta aquellos de guantes blancos y nombres célebres en el país, fueron una realidad que la pandemia no hizo más que volver río revuelto.
Con la declaración de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países que integran el pacto de San José de Costa Rica (entre éstos, Argentina) atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia.
El principal reclamo emergente ante medios y opinión pública fueron las condiciones sanitarias de los internos, y sus demandas por mejoras en las condiciones de vida o para ser puestos bajo la modalidad de la prisión domiciliaria. Y éste último pedido desató la polémica: sólo en la provincia de Buenos Aires, fueron beneficiados unos más de mil internos mientras se estudian los pedidos de otros seis mil.
En el medio, se conocieron los casos de muchos que estaban en la cárcel por delitos de violación o violencia de género y que fueron devueltos a domicilios en donde viven la cuarentena sus víctimas. O casos en donde los internos accedieron a celulares para poder estar en contacto con sus familias, pero que en algunos casos terminaron amenazando a quienes los habían llevado a la cárcel.
Con la avanzada de la polémica, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa , advirtió esta semana que los jueces que liberen a presos sin cumplir con la ley de la víctima, podrían ser sometidos a juicio político.
Así el universo de las cárceles y la prevención sanitaria se volvió más complejo, con debates interminables, la innegable protección que los privados de la libertad deben tener ante la pandemia y el río revuelto que hay de fondo en función de estos reclamos que no siempre se ciñen al reclamo de mejores condiciones sanitarias. Así explica la situación el escritor y periodista argentina, Eduardo Anguita.
El presidente Fernández dijo durante sus declaraciones sobre el tema que se trata de algo “complicado porque además se mezcla con criterios de Justicia. Hay gente que está detenida, no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente".
De hecho, el servicio penitenciario en Argentina está regido en dos instancias: a nivel federal, que dependen de la Nación; y a nivel provincial, que dependen de cada una de las provincias del territorio, con facultades y autonomías derivadas de la Constitución Nacional.
Así explica el periodista Anguita la cuestión, que se torna aún más compleja no sólo hacia las personas privadas de su libertad sino hacia el personal penitenciario, quienes son uno de los últimos escalafones salariales en el país dentro de las fuerzas de seguridad, y con el nivel de demanda que esta profesión tiene.
Hay cárceles en muy buen estado, otras con cuestiones de habitabilidad que son continuamente denunciados, y un estado de ánimo en donde en cada uno de los pabellones los internos crean sus propios códigos de protección en función a la vulnerabilidad en que se encuentran también la población ante la pandemia.
Entrevista y producción: Silvana Avellaneda
Web: Julián Cortez
