El Hospital Centenario Gualeguaychú deja sentada su posición sobre el programa piloto que se implementa desde el Estado Nacional en la ciudad mendocina de Guaymallén, con la intensión de extenderla a todo el país.

El 03 de agosto de 2016, en Casa Rosada, el Poder Ejecutivo Nacional presentó ante sindicalistas y gobernadores un Decreto de Necesidad y Urgencia [DNU 908/2016] creando la Cobertura Universal de Salud [CUS] a la que adhirió Entre Ríos.

En el Decreto se afirma que a raíz de "la crítica situación del sector se establece el objetivo de fortalecer el financiamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud, promoviendo la atención sanitaria integral a fin de garantizar el acceso de toda la población, afianzando los principios de equidad y solidaridad que inspiraron su creación".

Sin embargo, la meta es mercantilizar la atención de la salud restando derechos explicitados en la Constitución Nacional y dando un viraje a la salud pública tal como se la considera en la actualidad, en pos de beneficiar a las obras sociales, prepagas y sanatorios privados que conviven con los efectores públicos.

Con la lógica de la oferta y demanda, se convierte a los pacientes en clientes, donde aquel que pueda afrontar el mayor gasto, será el que reciba la mejor atención. Básicamente, la CUS es un seguro donde el Estado paga mensualmente por cada enfermo y lo que no se incluya en ese seguro tendrá que afrontarlo el paciente.

Ricos contra pobres

El Decreto del Poder Ejecutivo dispone una reforma del sistema de sanidad que genera efectos nocivos, fundamentalmente sobre el derecho de atención a las personas y la condición laboral de los trabajadores. Es un avance "del mercado sobre la salud pública, con el argumento oficial que el actual sistema funciona mal, el mismo dicho que desde hace décadas se utiliza para justificar las privatizaciones", denuncia el Movimiento por el Derecho a la Salud.

Se busca instaurar una calidad de salud para ricos contra otra más precaria para los pobres porque la CUS operará como un seguro destinado a las personas sin cobertura, a través de una canasta de prestaciones básicas para determinadas patologías que pueden ser realizadas en el sector público o privado.

Así se soslaya que la Constitución Nacional garantiza como un derecho a todos los ciudadanos "la asistencia médica y los servicios sociales necesarios", es decir, en Argentina el acceso a la salud es un derecho formal, universal y gratuito.

El binomio "seguro-cobertura" implica una relación de "contrato-mercancía" y no de derecho. Simboliza un puntapié para la reducción de costos estableciendo un conjunto acotado y ajustable de prestaciones que serán compradas por el propio Estado, tanto al sector público como al privado, sugiriendo la idea de competencia entre ambos, donde el hospital va a ser el perdedor, sin dudas.

La CUS se va a fondear con 29 mil millones de pesos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero de ese monto, sólo 8 mil millones serán efectivamente usados por la Unidad Ejecutora donde participan dos representantes del Ministerio de Salud de la Nación, otros dos de la Superintendencia de Salud y dos de la Confederación General de Trabajadores [CGT], socios del acuerdo.

Una cuestión que está en penumbras es la continuidad de la financiación del sistema, ya que se habla de sólo 8 mil millones disponibles. Teniendo en cuenta que el Estado dice que existen más de 15 millones de personas sin obra social, se calcula que la CUS tendrá un presupuesto de 533 pesos para cada paciente, es decir, sólo unos 47 pesos mensuales.

En concreto, la CUS tendrá recursos muy limitados de Nación y transferirá responsabilidades a las provincias y municipios. La otra parte de la reforma la pagarán los argentinos de su bolsillo, cuando vayan a atenderse a los hospitales.

Contrastes

La creación de la CUS explicita una diferencia con lo que hoy ofrece a la comunidad el hospital público de Gualeguaychú, en forma integral y equitativa. Así lo demuestran los subsidios tramitados y abonados por las prestaciones excepcionales [cerca de siete millones de pesos en lo que va del año]; en drogas oncológicas para la continuidad de tratamientos; prótesis; sillas de ruedas y cirugías.

También se deben sumar las herramientas de gestión como la Historia Clínica Digital; las imágenes radiográficas digitales; la provisión de medicamentos para enfermos crónicos; el tablero de comando cubriendo el plan médico obligatorio, etc.

Otro contraste se refiere al nivel de inversión, que se verá muy reducido, por ejemplo: en compra de equipamientos se alcanzó la cifra de tres millones de pesos en 2016 y serán dos millones en 2017. Mientras que otros tres millones y medios de pesos fueron volcados a mejoras edilicias del Hospital Centenario, tanto durante 2016 y en una cifra similar a lo largo de este año y en plena ejecución.

Si a esto se le agrega la red de atención primaria provincial y municipal que se complementa con la atención del hospital, la diferencia es realmente sustancial y cualitativa a lo que se pretende ofrecer a futuro con la CUS que tendrá una "canasta básica reducida en prestaciones", con muchas especialidades no contempladas, demostrando una fuerte reducción del ánimo de invertir en salud.

Topes y límites

En caso de reformarse el sistema, existirá una Canasta Básica de Servicios en referencia al conjunto de patologías y prestaciones que van a estar cubiertas. La constitución de esa canasta supondrá criterios contables [porque es financiada por el Banco Mundial] y no todas las enfermedades estarán aseguradas. De hecho sólo serán tratadas las más recurrentes y asistiremos a la concreción de una cobertura mínima de salud como se observa en países que ya la implementan como Chile, México y Colombia [aunque el Gobierno Nacional aduce que aquí tendrá lineamientos diferenciales].

Para la población que padece enfermedades complejas o poco frecuentes, aquello que el Estado NO pague, deberá ser afrontado por el paciente y así solo tendrán acceso total al tratamiento quiénes puedan pagarlo.

En el marco de la CUS, el Estado se retira del rol de proveedor del servicio de salud y se reconvierte en un dinamizador para incentivar su mercantilización, administración y financiación con la consecuente separación entre el proveedor y comprador, entre sanatorios-enfermos.

Hay una ruptura, la relación entre el médico y su paciente es tan sólo económica y cada vez menos humana. Incluso se fomenta una competencia entre hospitales públicos con clínicas privadas, con el resultado del desvío de fondos estatales hacia las grandes patronales de la medicina privada, con un sesgo neoliberal aplicado a la medicina.

Entre las consecuencias potenciales se enumeran:

-Para el sistema de salud se prioriza un modelo curativo que relega la promoción y prevención en salud, obligaciones indelegables del Estado. Distorsiona la atención primaria que pasa a funcionar como si fuese una obra social para pobres.

-Se desbalancea uno de los roles rectores del Estado, que es la generación y establecimiento de políticas sanitarias unificadas para toda la población. Se corre el eje de la prevención y formación académica; de la garantía de la atención primaria gratuita con el equipamiento y los recursos profesionales de acceso universal.

-Habilita a obras sociales y agentes de seguro a gestionar servicios para los usuarios de la CUS, es decir, que se privatiza solapadamente la salud donde el sector público transfiere recursos a los efectores privados.

-Los pacientes para contar con la CUS deberán contar con una tarjeta para documentar su condición de beneficiarios, aunque desde algunos sectores se cuestiona que así se los estigmatiza, y dispondrán de una canasta reducida de prestaciones teniendo que hacerse cargo del resto como puedan o pagando por la atención de su salud.

-Se incrementará la brecha entre los más ricos y los más pobres.

-La financiación del primer nivel de atención pasa a ser casi inexistente volcando una enorme cantidad de dinero hacia la enfermedad usando medicamentos o vacunas.

-Para los trabajadores y profesionales del ámbito de la salud es probable, por experiencias en otros países de Latinoamérica, que se reduzcan los planteles de los establecimientos con formas precarizadas de empleo y tenderán a desmejorar sus condiciones laborales.

Una deuda de todos

La Cobertura Universal de Salud se impone y deja al descubierto una deuda de la política sanitaria: la ausencia de un proyecto alternativo al aseguramiento-mercantilización es evidente y no se advierte todavía una contra reforma opuesta a la CUS.

Las políticas de inclusión y restitución de derechos que se encarnaron en el campo de la salud, también tienen su debilidad en temáticas como género, salud mental y la reproductiva [aborto]. Por el contrario, profundiza la reforma de los sistemas de salud con criterios económicos, más que altruistas. En definitiva, la CUS no revierte sino que acrecienta la brecha en la que los más humildes siempre fueron y son los más afectados en la pirámide asistencial.-