La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los ex jefes de Gabinete del gobierno kirchnerista Aníbal Fernandez y Jorge Capitanich, y de otros dirigentes políticos y del mundo deportivo en el marco de la causa en la que se investiga el presunto desvío de los fondos destinados al programa Fútbol para Todos (FPT), así lo informó en diálogo con Romina Manguel, la periodista Patricia Blanco.

La Sala I del tribunal de apelaciones confirmó también los procesamientos de los ex directivos de la AFA, Luis Segura, Miguel Silva, José Lemme, Rubén Raposo, Carlos Portell y Rafael Savino, y lo mismo para el ex vicegobernador bonaerense y primer coordinador del Programa FPT, Gabriel Mariotto, confirmaron fuentes judiciales.

Los ex jefes de Gabinete fueron procesados por "violación de los deberes de funcionario público"; los dirigentes de AFA por "administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública", y Mariotto por "peculado".

Aníbal Fernández y Jorge Capitanich "no implementaron un sistema de control capaz de evitar el desvío de los ´fondos públicos´ ocurrido al interior de la AFA", sostuvieron los jueces que votaron por confirmar el procesamiento (con embargos de 10 millones de pesos) de ambos ex funcionarios.

En el caso del también ex jefe de ministros nacionales Juan Manuel Abal Medina, los magistrados "sostuvieron que a diferencia de quienes lo precedieron y sucedieron, puso en marcha actividades tendientes a lograr mayor soporte técnico y transparencia" por lo que dictaron su falta de mérito.

En primera instancia, la jueza federal María Romilda Servini había procesado a los tres ex ministros por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, por no haber controlado el destino final de los fondos del programa que se implementó en 2009.

De acuerdo a la investigación judicial, los fondos destinados a los clubes, a través del FPT, se desviaron de tres formas distintas: por aportes a la fundación El futbolista, por descuento de cheques en financieras y por ser utilizados para garantizar préstamos otorgados por el Banco Credicoop a la AFA.

Los tres ex jefes de gabinete fueron acusados de no garantizar que no fueran desviados los fondos del programa que tenía por objeto "coordinar y articular la transmisión y explotación comercial de la televisación de los torneos del fútbol argentino", para que los clubes ordenaran sus economías.

En el caso de Mariotto, la Cámara Federal confirmó el procesamiento dictado por la jueza Servini que le atribuyó el delito de peculado -desvío de fondos públicos- y le trabó un embargo por 5 millones de pesos porque fue coordinador del FPT.

"Mariotto, por la función de coordinador del programa, tenía a su cargo la custodia de los ingresos de la explotación comercial del programa, la cual surge expresamente en la decisión administrativa por la cual asume y se crea el comité, por lo que fue encomendada en razón de su cargo", había sostenido la jueza.

A otro ex coordinador del programa que vinculó al Estado con los clubes del fútbol argentino, a través de la AFA, Pablo Paladino, la jueza le había dictado un procesamiento por "violación de deberes de funcionario público", pero la Cámara resolvió sobreseerlo.

El presidente de la AFA, Segura, y los dirigentes de esa entidad Savino, Portell, Lemme,Silva y Raposo quedaron procesados por el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública y a todos les fueron trabados embargos por 20 millones de pesos, menos a Segura que fue embargado por 50 millones.

Para el análisis del caso, la sala I de la Cámara debió recurrir al voto del camarista Martín Irurzun, porque el juez Jorge Ballestero se excusó de intervenir en el caso ya que integra el tribunal de disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino.

Los procesamientos fueron confirmados con el voto de Irurzun y Leopoldo Bruglia, mientras que Eduardo Freiler votó por el sobreseimiento de los ex funcionarios públicos y propuso dictar la falta de mérito a los dirigentes de la AFA, bajo el argumento de que el dinero investigado dejó de ser público cuando ingresó al programa FPT.

"No advierto que los funcionarios imputados hayan quebrantado un deber asociado a los fines específicos que la ley y las decisiones administrativas pertinentes asignaron al "Programa Fútbol Para Todos", sostuvo Freiler en su voto.

La causa se originó en mayo de 2014 a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, en la que cuestionó el presunto reparto discrecional de los fondos del FPT y la falta de control sobre el destino de los mismo.