El Ministerio de Capital Humano denunció a Cristina Fernández por el plus de $6 millones que cobraba por haber radicado su domicilio en Río Gallegos, pese a que vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Graciela Ocaña, legisladora de la ciudad de Buenos Aires por Confianza Pública, dio su mirada al respecto y expresó que "Cristina Fernández simuló su domicilio, como ha simulado tantas cosas a lo largo de su presidencia y vicepresidencia".

"Cuando uno es funcionario público, el domicilio es donde se ejerce la función; y en este caso, Cristina, al ser la vicepresidenta, ejercía su trabajo en la ciudad de Buenos Aires", señaló.

"El Gobierno tiene motivos  suficientes para llevar adelante esta denuncia y motivos más que suficientes para la suspensión del cobro de estas asignaciones, por haber Cristina estafado al Estado, con una condena confirmada por la Cámara de Casación Penal", manifestó Ocaña.

La cartera que lleva adelante Sandra Pettovello inició acciones contra la exmandataria por los presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica. Todo ello por haber establecido un domicilio en “zona austral”, que no sería el real, “a fin de poder cobrar un suplemento dinerario a sus asignaciones de privilegio”.

Según especificó Capital Humano, esto habría generado un “perjuicio fiscal a la ANSES” que actualmente solicitó ser querellante en la causa.

En la denuncia presentada se resalta que la Bonificación de Zona Austral no se trata de una prestación de naturaleza previsional, sino que su cobro está generado exclusivamente a la “residencia efectiva o radicación real” en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Es por ello que el Gobierno señala que en el caso de la exmandataria “es de público y notorio conocimiento que su residencia estuvo en la Ciudad de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora de la Provincia de Buenos Aires (2017-2019) y luego como vicepresidenta de la Nación (2019-2023)”.

El cobro presuntamente inapropiado “constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”.

Es por eso que el organismo administrador solicitó constituirse como querellante de los hechos denunciados, “poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer este posible caso de corrupción”.