La concejala Alejandra Gómez Sáez –junto a sus pares del bloque del Frente de Todos-PJ– expresó su apoyo a la denuncia del actual titular de la cartera de Seguridad provincial, Marcelo Sain, que acusó a la gestión de su antecesor en el cargo, Maximiliano Pullaro, de pagar los honorarios a los abogados que defendieron al personal policial de la Seccional 7 de Rosario que asesinó al joven Franco Casco en octubre de 2014.

En Nacional Rosario, la edil indicó que “estos abogados defensores de los imputados tenían contacto directo con el Ministerio”, y aseguró que en su momento “hubo un silencio cómplice” por parte de la gestión del Frente Progresista.