El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, solicitó a la justicia una medida cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la empresa de distribución eléctrica Edesur. La presentación judicial, que amplia la denuncia penal presentada la semana pasada, solicita la prohibición de salida del país de Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro, que son los principales directivos de la firma Edesur.

El jueves pasado, Martello presentó una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.

La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini.

La denuncia del interventor del ENRE se presentó contra los directivos de Edesur por supuesta "defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos".

El pedido de prohibición presentado hoy comprende a Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro.

En la ampliación de fundamentos realizada, Martello argumentó que la medida solicitada tiene como objetivo “que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.

Durante la víspera, el ingeniero Jorge Ferraresi asumió la intervención administrativa de Edesur, una decisión tomada por la Secretaría de Energía tras la falta de respuesta de la empresa por los cortes de luz registrados durante las dos últimas semanas y para poner en marcha un programa de inversiones que permita mejorar la calidad de servicio.

Al fundamentar el pedido de prohibición de salir del país para los directivos, Martello dijo que responde a la necesidad "de evitar la impunidad de un hecho injusto donde los afectados fueron miles de personas que se vieron y muchos de ellos al día de hoy se ven impedidos de poder hacer uso de la energía eléctrica que debería haber brindado sin ningún tipo de impedimento la empresa concesionaria Edesur de la cual las personas antes citadas son sus máximos representantes societarios".

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