La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) comenzarán este mes a auditar 1.013.400 casos de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL).

Según informó el Gobierno, la medida el propósito es “darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten”.

El control, paso a paso

El proceso se realizará de modo “escalonado y progresivo” con el objetivo de “realizar una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”, consignó un comunicado oficial.

Se pondrá especial atención a las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Cada una de las etapas, se explicó, fue diseñada para garantizar la integridad del proceso.

En la primera etapa, se enviarán cartas documento a los beneficiarios de pensiones con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten toda la documentación requerida.

Luego, médicos de PAMI harán las entrevistas y llevarán adelante los controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión.

La tercera etapa será la del procesamiento de la información, en la que los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada beneficiario.

Por último, se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.

Salud, a la cabeza de la supervisión

Este proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud y “con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan”, para lo que se utilizará la estructura de alcance territorial de la red de médicos prestadores del PAMI.

“Solo para poner un caso testigo, el mes pasado se citaron a 1100 personas en la ciudad de Buenos Aires y solamente el 31,6% se presentaron; hubo 759 que no cumplían los requisitos o por alguna razón no se presentaron a demostrar clínicamente su discapacidad”, dijo hoy en su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni.

Antecedentes

El 13 de diciembre pasado, Adorni había consignado que nueva auditoría de la Agencia Nacional De Discapacidad en la provincia de Chaco detectó que de 2.344 beneficiarios, solo 365 cumplían con los requisitos para mantener el beneficio de la pensión por invalidez.

De este modo, “siete de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas o no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas”, informó.

Antes, en julio de 2024, se comunicó que una auditoría realizada por ANDIS y el Ministerio de Ministro de Salud encontró que “durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios”.

Este es “un número ‘estratosférico’ que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, indicó Adorni en aquella oportunidad.