Lo confirmó Darío Chávez, director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, quien explicó que el tema está siendo estudiado por el área de Legales de esa cartera junto a la Fiscalía Regional.
El funcionario detalló que por cada falsa amenaza de bomba en un establecimiento educativo de la ciudad, se movilizan unos cinco patrulleros y unas 20 personas entre policías, bomberos zapadores y agentes municipales.
Por Nacional, Chávez dijo que se busca establecer si los menores que realizan las amenazas de bombas pueden resultar civilmente responsables de esos delitos:
