El Senado aprobó la validez del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado por la OIT en Ginebra el año pasado, sin el apoyo de la oposición, que argumentó que la temática no debía ser analizada por no vincularse con la pandemia de coronavirus.

El acuerdo pretende prevenir y erradicar la violencia laboral, con herramientas y obligaciones impuestas al Estado, para que controle su efectivo cumplimiento, habilite vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.

Además, genera una serie de obligaciones a los Estados para eliminar toda forma de violencia y acoso durante, en relación o como consecuencia de una relación laboral, ya sea en el ámbito privado o público, así como en el sector formal o informal.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el ex canciller Jorge Taiana, destacó el valor del convenio y evaluó que muchas veces "el acoso y la violencia sobre las mujeres en el trabajo comienza en los mecanismos previos de selección del personal".

Para el legislador, la "importancia" del acuerdo pasa además porque "reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se refiere también a la lucha contra la violencia en el ámbito familiar”.

"Contempla no solo lo que se vive en el trabajo, sino también en el descanso, en el transporte y, en particular, en la parte previa, en la selección”, insistió.

En este contexto, Taiana cuestionó que la oposición haya desistido de darle tratamiento al convenio con el argumento de que no forma parte del acuerdo sellado en mayo pasado, por el cual sólo se analizarían temáticas vinculadas con la pandemia de coronavirus.

“Estoy sorprendido porque no entiendo cómo la oposición no se sumará a la aprobación de esta convención teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los primeros países en ratificarla”, expresó.

El convenio se enmarca en la normativa internacional de protección de los derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El acuerdo considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos”, incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente y enmarca la situación entre los derechos fundamentales.

Además, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

Asimismo, subraya el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos violencia y acoso por razón de género e impone a los estados miembros la responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de estos comportamientos y prácticas.

Finalmente, destaca que la violencia puede afectar de manera desproporcionada a mujeres y niñas, apuntando a un enfoque inclusivo e integrado.

Además, el Senado también aprobó por unanimidad dos tratados de extradición: uno con Rumania, suscripto en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2017, y otro con Brasil, firmado en enero del año pasado.