La causa que investiga a un grupo de prestamistas que operaban en Santa Fe y la región por asociación ilícita, usura y extorsiones, reveló que una almacenera de barrio, que cursaba el quinto mes de embarazo, se quitó la vida tras sufrir una serie de hostigamientos diarios y amenazas a causa de no poder afrontar el pago de un préstamo clandestino.

El suicidio ocurrió el 19 de octubre del año pasado y el trasfondo vinculado a la usura pudo ser advertido luego de que la mujer fallecida, dejó una carta donde aclaró que “no tuvo otra salida” ante las constantes presiones y amenazas que tuvo por parte del cobrador de una financiera ilegal.

Mariela Jiménez, la fiscal que investiga el caso dialogó con el móvil de Radio Nacional.