La justicia federal analiza los pagos realizados por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos", que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería.
Los pagos recibidos por Morel y sus supuestas socias se habrían concretado entre diciembre del 2021 y agosto del 2022 y están bajo la mira de la justicia en el marco de un expediente que se encuentra bajo secreto de sumario y está radicado en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita entendieron que la actividad de Revolución Federal, con consignas de odio y amenazas contra dirigentes del oficialismo y la oposición, debía tramitarse junto a la causa en la que se investiga el atentado fallido del jueves 1 de septiembre último contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, la jueza que tiene esa causa, María Eugenia Capuchetti, rechazó la competencia y luego la Cámara Federal porteña decidió que el expediente en el que se investiga a Revolución Federal siguiera tramitando en el juzgado de Martínez de Giorgi.
En este expediente se encuentra también la información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la Vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández como también incitaciones a cometer delitos.
Rossi presentó en su momento las pruebas recolectadas por la AFI en el marco de la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias, que facultan al organismo a presentarse ante la justicia para velar por la seguridad nacional y el orden democrático, ante la convicción de que hubo quien pretendió ponerlas en riesgo.
La denuncia presentada por el organismo de inteligencia, a la que accedió Télam, contiene los audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título "hay que pudrirla?" y en la que participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.
En uno de los audios desgrabados que forman parte de la denuncia y que la AFI presentó ante la justicia se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio.
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