¿Cultivar el suelo, servir a los mismos de siempre? La historia golpista tras los lockouts de las patronales rurales te la contamos en Cruce de Palabras.
La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias convocó al cese actividades de todas las categorías de hacienda vacuna en rechazo al cierre de exportaciones de carne anunciado por el Gobierno nacional.
La medida anunciada por el presidente Alberto Fernández de suspender por 30 días las exportaciones de carnes vacuna está orientada a contener la presión sobre el precio de la carne que se registran en los últimos meses.
Ante esto, la mesa de enlace constituida por la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria anticiparon el lockout que llevarán a cabo desde el jueves 20 hasta el viernes 28 de mayo.
Las patronales quieren manifestar "el disgusto de los productores y nuestro rechazo a un cierre de exportaciones que sin duda perjudicará a toda la Argentina” dijeron en un comunicado y remarcaron en distintas declaraciones a medios.
¿Pero quiénes son estos “mismos de siempre” ocupados en el boicoteo sistemático de políticas de regulación, de intervención del estado y de redistribución de la riqueza concentrada?
La unidad de estas entidades se produjo a finales de los 60, entre fines del 65 y mediados del 66, cuando tanto los representantes de las capas más débiles de la burguesía agropecuaria (Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria –CONINAGRO), como los de los grandes terratenientes (Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas), iniciaron una ofensiva contra el gobierno democrático de Arturo Illia.
Esta ofensiva culminó en el golpe de estado encabezado por Onganía, que las cuatro corporaciones rurales respaldaron. La confluencia se acentuó cuando estas corporaciones objetaron el plan económico impulsado por el ministro Adalbert Krieger Vasena en 1967.
Se le cuestionó que, a pesar de las promesas, se seguía grabando con fuertes impuestos a la producción agropecuaria, en lugar de avanzar a fondo con un recorte en los gastos del Estado y en las transferencias de ingresos del agro a la industria ¿Te suena?
Incluso tildaron de marxistas al propio Krieger Vasena, real exponente de la tecnocracia liberal de antaño.
La política que postulaban apuntaba a evitar transferencias del agro a la industria, haciendo que los productores agropecuarios percibieran el “precio lleno” por la exportación de sus productos, que los impuestos se redujeran al mínimo y sean iguales para todos los sectores, sin “discriminaciones”.
Por eso exigían una mayor racionalización del aparato estatal y el “saneamiento” de la industria nacional, eliminando progresivamente a los sectores ineficientes, de esa forma apuntaban al “restablecimiento de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias”.
Este programa resultó políticamente inviable y no fue hegemónico, ni siquiera durante las dictaduras de 1966 y 1976, al margen de la simpatía y respaldo de entidades agrarias, incluso hechos abiertamente como es el caso de la Sociedad Rural Argentina.
La patronal agraria, fundada en 1866 y con una larga trayectoria en lockouts, desestabilizaciones a gobiernos democráticos, apoyo a golpes de estados y permanente concentración de ganancias y tierras, apostando al modelo estrictamente agroexportador, ha sido desde siempre en un actor político de peso, incluso desde su origen.
A mediados del siglo XIX se fue gestando en el territorio de la actual provincia de Buenos Aires una clase social terrateniente conformada por las principales familias patricias que adquirieron tierras durante las guerras de la independencia, y por los terratenientes que se apropiaron de extensas porciones durante las sucesivas campañas al “desierto”.
En esos años, mientras se consolidaba la dependencia económica de Gran Bretaña en base a una política de exportación de productos primarios, se consolida esta clase política, la oligarquía terrateniente, durante los gobiernos conservadores entre 1880 y 1916.
Entre 1910 y 1943, cinco de los presidentes fueron hombres pertenecientes a la Sociedad Rural. La SRA nace aferrada a un estilo productivo de beneficios concentrados, con una impronta golpista en su misma esencia.
El golpe a Irigoyen se da en el marco del cuestionamiento del sector al modo de acumulación capitalista del Estado, ya que el modelo agro exportador mostraba sus límites, en un escenario mundial en crisis.
En momentos en que la industria comenzaba a aparecer como un sector que podía llegar a amenazar las ganancias de los terratenientes, la SRA respaldó al golpista Uriburu. También se opusieron al estatuto del peón rural, de 1944. A través de ese estatuto, por primera vez, se establecieron derechos laborales para los trabajadores rurales.
La Sociedad Rural Argentina se opuso con fuerza, al sostener que ese estatuto sembrada "el germen del desorden social al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones irrealizables " y que las relaciones laborales en "el campo" no debían regirse por el derecho laboral, sino por normas similares a las que tiene "un padre con sus hijos".
Durante los gobiernos de Perón, la SRA, se opuso a las mejoras y el pago de aguinaldo de los peones rurales. En el 55, también apoyó el golpe militar de Aramburu catalogándolo una “patriótica cruzada de libertad”. Después de voltear a Illia, aplaudían a Onganía en el propio predio de La Rural.
En 1975 repitieron la misma fórmula, de cara al golpe de Estado, que con orgullo celebraron mediante comunicado: “La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos”.
De hecho, el gabinete de los gobiernos de facto que se sucedieron entre el 76 y 83 estuvo repleto de funcionarios puestos ahí por la misma SRA.
A Alfonsín lo abuchearon y silbaron en La Rural, cuando en un marco de desastre económico mundial, anunció mantener fijas las retenciones y desdoblar el mercado cambiario estableciendo un tipo de cambio fijo con el que liquidar las exportaciones agropecuarias y otro “financiero” de flotación regulada, en 1988.
Con Menem hicieron buenas migas, ya que se beneficiaron de la convertibilidad a la vez que les vendió en 1991 el predio ferial sin licitación pública y por un importe mucho menor a su valor.
Las entidades agrarias: SRA, CRA, FAA y CONINAGRO concretaron en marzo de 2008 un lockout de comercialización de granos. Ese año, se organizaron y operaron contra la denominada resolución 125, Proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, que incrementaba retenciones a la soja.
Años después, con el macrismo se llevaron muy bien, incluso poniendo a uno de los suyos, Miguel Etchevere, en un ministerio clave: Agricultura. Y consiguiendo hacer dulce mediante la especulación financiera propiciada por el precio de commodities, como la soja.
En lo que va del gobierno de Alberto Fernández, las cuatro entidades agrarias ya realizaron un lockout por 72 horas, a principios de este 2021, reclamando suspender la prohibición de la comercialización de maíz y fijar un tope de 30 mil toneladas diarias para la exportación.
La acción política de esta clase se destaca por la intervención abierta en la arena política, recurriendo a lockouts, movilizaciones y pronunciamientos, con una recurrencia marcada hacia la acción directa.
A lo largo de 155 años, desde la fundación de la Sociedad Rural Argentina y sus posteriores alianzas con otras entidades agroexportadoras, sus acciones se han orientaban a generar las condiciones para la consumación del golpes, duros o blandos, socavando la legitimidad de gobiernos democráticos y las políticas redistributivas.
