La justicia estadounidense dispuso el embargo de U$S 210 millones en activos argentinos en el marco de una disputa por bonos impagos en el marco del default de 2001.

La medida fue tomada por la jueza de Nueva York Loretta Preska, y se ejecutará a través de la Reserva Federal de Nueva York en beneficio del fondo Attestor Master.

Además, la magistrada dispuso el congelamiento de otros U$S 100 millones hasta que finalice la disputa con otro grupo de acreedores.

El proceso legal contra la Argentina se remonta a la crisis de 2001, cuando algunos tenedores de bonos, o "holdouts", que nunca ingresaron a los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016 llevaron su caso a la Justicia y obtuvieron fallos favorables para confiscar activos argentinos.

La disputa escaló hasta la Corte Suprema de EE.UU., que en enero de este año rechazó el pedido argentino de frenar los embargos.

Finalmente, Preska ordenó confiscar los 210 millones y la retención temporal de otros 100 millones actualmente en litigio también por parte de Attestor Master y de otro fondo, Bainbridge Fund.
Los activos embargados forman parte de colaterales de los bonos Brady, instrumentos creados en la década del '90 como parte de un esquema de reestructuración de deuda en América Latina.
La Argentina participó en este plan en 1993, ofreciendo bonos respaldados por títulos del Tesoro de EE.UU. como garantía.

El embargo se suma a otros fallos adversos que ha enfrentado el país en tribunales internacionales, como la reciente ejecución de garantías por U$S 325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres.