La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en sesión especial la emergencia en obras públicas que había pedido el Ejecutivo para terminar de ordenar la deuda con empresas constructoras y que llegaba con media sanción del Senado. La norma fue apoyada por unanimidad. Tanto el oficialismo como el justicialismo reconocieron que el principal problema es el recorte de fondos por parte del Gobierno nacional. Pero la oposición señaló que la norma no era necesaria para reordenar las relaciones con las contratistas.

El debate en el recinto se dio en un marco de acuerdo: todas las bancadas estaban de acuerdo en votar la iniciativa. Sin embargo, desde la oposición hubo críticas a los fundamentos de la declaración de emergencia y, también, al trámite exprés que, entendieron, se le dio a la iniciativa.

La norma frena las ejecuciones judiciales por certificados de obra al cobro hasta fin de año y establece condiciones para renegociar y refinanciar estas deudas.

El presidente de la comisión de Hacienda, Bruno Sarubi (Juntos) ofició de miembro informante. Tras destacar el impacto de la obra pública como factor multiplicador en la economía, afirmó que la actual administración provincial "cree en la obra pública" no solo por ser motor de desarrollo, sino también por las soluciones concretas que lleva a los vecinos de la provincia.

El legislador oficialista contextualizó el pedido de emergencia del Ejecutivo en la crisis económica y financiera que aumenta todos los días" y en que el Gobierno nacional recortó fondos a las provincias. Al ahondar este argumento, subrayó que dos tercios de las obras que se hacen en la provincia se financian con recursos federales que están bloqueados.

También reconoció que de las 167 obras que venían de la gestión anterior, 114 están neutralizadas y las restantes 53 están paralizadas "de hecho" por el ritmo mínimo que llevan. A su vez, marcó que pese a la "buena voluntad de las empresas" constructoras, muchas tuvieron que recurrir a la Justicia para "defender sus intereses".

Contabilizó que de 148 procesos judiciales abiertos por las contratistas de obra pública, 99 son admonitorios (acción judicial rápida para el cumplimiento de una obligación, en este caso el pago por parte del Estado) y 49 van por la vía contenciosa administrativa, un procedimiento en el que se reclama ante la Justicia que la administración pública cumpla con sus deberes.

Sarubi sostuvo que, con la sanción de la emergencia, la Provincia podrá poner en un "pie de igualdad" a todos sus acreedores, consolidar sus compromisos con la obra pública; planificar sus gastos; reorganizar, readecuar y refinanciar la deuda estatal, resguardando el interés público.