Destacaron el aspecto democratizador del nuevo código procesal penal, que estará vigente en agosto, durante una recorrida por las instalaciones que usará el ministerio público en Viedma, a la que fueron invitados los medios locales.
El paseo estuvo conducido por los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y la Procuradora Silvia Baquero Lazcano, quien fue consultada por la acusación de haber asignado sin concurso más de 70 cargos para el ministerio público.
Baquero señaló que los designados se desempeñarán como asistentes letrados, función diferente a la fiscal adjunto, según enfatizó.