El Gobierno tiene bajo análisis un primer paquete de 59 empresas públicas para privatizar y entre las principales se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, ARSAT, AySA, Enarsa, Fabricaciones Militares, Banco Nación y el Banco Hipotecario.

Cada empresa es analizada por su solvencia financiera, potenciales inversores y viabilidad económica por un equipo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, según trascendió de fuentes oficiales.

Las empresas podrían ser privatizadas, reconvertidas, concesionadas, cedidas a provincias, o tener contratos estratégicos o hasta su cierre, según considere la agencia que las tiene bajo estudio.

También determinó la agencia tres fases para el proceso de privatización: definición, preparación y ejecución que les puede llevar un plazo de hasta ocho meses.

La etapa de la “definición” tiene que ser llevada a cabo en un tiempo de entre dos y tres meses para cerrar los balances y analizar los planes de negocios.

El segundo paso de la “preparación” trata de la publicidad para el llamado a potenciales inversores interesados y la evaluación de ofertas y en un plazo de entre dos y tres meses.

Por último, el trámite termina con la “ejecución” que es la recomendación de la adjudicación, y etapa de impugnaciones y se estima un tiempo de entre uno y dos meses.

Entre las firmas que se encuentran bajo análisis están Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, algunas empresas de ferrocarriles, Arsat, Enarsa, Impsa, Casa de la Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA), Fábrica Argentina de Aviones, Nucleoeléctrica Argentina.

También están previstas las privatizaciones de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Belgrano Cargas, Corredores Viales SA, Optar (Agencia de turismo de Aerolíneas Argentinas), Coviara (la desarrolladora de viviendas del Ministerio de Defensa), Ceatsa (Centro de Ensayos de Alta Tecnología, creada en 2010, operada por INVAP) y la Televisión Pública, entre otras, según trascendió.

En diversas oportunidades, el presidente Javier Milei planteó que las empresas públicas son “fuente de ingresos para políticos corruptos”.

A su vez, otro de los puntos centrales planteados por la gestión del Gobierno es que la privatización es la solución para la modernizar y hacer eficiente el aparato estatal.

Otro de los argumentos del Gobierno para con las empresas estatales es el déficit cero y que el Estado no gaste más de lo que recauda “el déficit cero no se negocia”, según expresó Milei en varias oportunidades.