Lucrecia Aranda, integrante de la Regional Rosario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto expresó su repudio ante el convenio firmado entre la provincia y la Fundación “Padre Ignacio” para comenzar a implementar la Ley de los 1.000 días que garantiza la seguridad tanto de la persona gestante como del recién nacido durante el plazo de 3 años luego de su nacimiento.

En diálogo con Causas urgentes informó que junto a organizaciones feministas presentaron un repudio donde “rechazan la implementación de este convenio y exigen la implementación de políticas laicas” al cual adhirieron más de quince espacios que luchan por los derechos de mujeres y disidencias actualmente. Así mismo aclaró que la Ministra de Salud, Sonia Martorano manifestó que la institución religiosa “se compromete a implementar talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para personas gestantes en cuanto a los puntos establecidos por la ley”. Siendo esto sumamente contradictorio ante los constantes rechazos por parte de la iglesia hacia las políticas que brindan nuevos derechos a las mujeres y disidencias.