Así lo explicó el diputado provincial y presidente de la comisión de hidrocarburos Luis Sapag.

El Instituto Arturto Sampay, al que pertenece el jurista Eduardo Barcesat, demandó judicialmente al presidente Mauricio Macri por el decreto 29 de este año donde el Gobierno nacional renuncia a lo que se denomina defensa de inmunidad soberana.

Para Sapag un decreto no puede alterar lo que está en la ley corta, que establece que los reservorios de gas y petróleo son de las provincias. Sin embargo, el ingeniero también destacó que el decreto "es desprolijo porque produce confusión".