La Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, integrada por instituciones y organizaciones de Paraná, presentó una nota dirigida al intendente Adán Bahl en la que se expresa la “honda preocupación y rechazo” que generaron las acciones desplegadas por la Dirección de Control Urbano, con el objeto de “desalojar” a los ciudadanos que permanecían en la Plaza 1° de Mayo. Ante ello, solicita de forma urgente una audiencia con el fin de plantear que cesen de inmediato esas prácticas y, en su lugar, se instrumenten acciones respetuosas de los derechos de estas personas.

La nota fue presentada el viernes, tras los hechos ocurridos el jueves a la noche cuando personal municipal, con apoyo policial, echó de la plaza a unas treinta personas que pernoctaban en el lugar.

El documento consigna que a través de estas acciones “no solo se atenta contra derechos humanos fundamentales” de personas que viven en situación de vulnerabilidad social extrema, sino que además se incumple con el artículo 8 de la ley nacional 27.654, sobre Situación de calle y familias sin techo, sancionada en diciembre de 2021. Dicha norma establece que “las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle tienen derecho al acceso y uso de servicios públicos, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad”.

En otro párrafo de la nota, se puntualiza que “nadie elige vivir en la calle” y que la confluencia de “factores multicausales, que involucran padecimientos de salud mental, pérdida de la fuente laboral y quiebre de vínculos familiares, entre otros, lleva a algunos ciudadanos y ciudadanas a esta penosa situación”. Y agrega que al “no poder transformar por sí solos” esta realidad, “requieren de un acompañamiento desde los diferentes niveles del Estado”. Al respecto, desde la Red conformada en septiembre de 2019 debido a la crónica y dolorosa realidad de las personas que viven en la calle en Paraná, se reitera “la importancia de trabajar articulada y mancomunadamente desde el Estado y la sociedad civil con una mirada de promoción y protección de derechos”.

Por último, el documento insta “al inmediato cese” de las acciones de desalojo y a la concreción “con carácter de urgente” de una reunión con el fin de dialogar sobre el reemplazo de esas prácticas por otras respetuosas de los derechos humanos.

Integran la Red la Facultad de Trabajo Social (UNER), Facultad Teresa de Ávila (UCA), Banco de Alimentos Paraná, Cáritas Arquidiocesana Paraná, Red Puentes, Suma de Voluntades, Grupo Compartir, Grupo Un Cielo Nuevo de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Asociación Israelita de Paraná, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER), Hogar de Cristo Paraná, Barrios de Pie – Libres del Sur, Facultad de Ciencias Económicas (UNER), Casa de Acompañamiento y Asistencia Comunitaria: Vientos de Libertad, Instituto Latinoamericano del Ombudsman, CTEP – Unión Trabajadores de la Economía Popular.

“Nosotros compartimos que los espacios públicos no son para que la gente viva, el tema es la forma, no se le dio soluciones a la gente, sólo se corrió el problema”, expresó Anabel Albornoz de Suma de Voluntades “en la plaza no duermen 30 personas, hubo una confusión en la información, duermen 5 personas pero aún sigue estando mal” finalizó.