Se busca que las empresas con obra pública tomen entre su plantel hasta un 5 % de los internos alojados en cárceles de la provincia, a cambios de beneficios impositivos.

Sólo será para los presos que estén en libertad condicional, los que tengan prisión domiciliaria o quienes estén próximos a cumplir sus penas, y busca la reinserción laboral de ese universo de personas.

La idea fue plasmada en un proyecto de ley por el diputado provincial del Frente Progresista Joaquín Blanco, quien explicó al Móvil de Nacional que en esa condición se encuentran unos 4 mil internos carcelarios.