La ciudad Villa Gobernador Gálvez, lindera a Rosario, cuenta con una ordenanza de cupo laboral para personas sobrevivientes de trata, en cualquiera de sus formas. Y es la primera de la provincia de Santa Fe que implementa esta política pública.

Al menos el 1% del personal del municipio deben ser personas que hayan estado en situación de explotación laboral o sexual, o de cualquier otra de las variantes del delito federal de trata de personas.

La iniciativa, presentada por Diego Garavano, es parte de una serie de medidas impulsadas por el Plan Nacional de Lucha Contra la Trata. Tiene antecedentes en una ley provincial de Catamarca, y medidas similares en Tucumán, Corrientes, así como en las ciudades de Rawson y Orán.

Las provincias del Chaco y Santa Cruz avanzan en iniciativas similares, que incluyen también incentivos del estado para que las empresas contraten a personas sobrevivientes de este delito, por ejemplo, haciéndose cargo de las cargas sociales.

La ordenanza de Villa Gobernador Gálvez no exige que haya sentencia para incluir a las víctimas de este delito en la política pública. Basta con la existencia de una investigación abierta. La Mesa Municipal contra la Trata será el organismo que articule entre el caso judicializado y la administración municipal.

El delegado en la Región Centro de la Dirección Operativa del Comité de lucha contra la Trata, que depende de Jefatura de Gabinete de la Nación, Nicolás del Mastro, subrayó la importancia de brindar una respuesta integral.

La estadística disponible marca que en 2020 se rescataron 933 personas en el país. Y en 2021, hasta el 30 de septiembre, se recibieron 1276 denuncias, que derivaron en el rescate de 1072 personas.

En la provincia de Santa Fe fueron 39 las personas encontradas en esta situación, de las cuales el 69 por ciento eran víctimas de trata laboral, y el 22 por ciento estaban en situación de explotación sexual.

Informe: Sonia Tessa