La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) cuenta con un Observatorio de Conflictos Sociales con el objetivo de lograr un registro sistemático, sincrónico y permanente de la conflictividad social en la región. Así se conformó el Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste (NEA), y los docentes e investigadores que lo conforman estudian las dinámicas del conflicto para así difundir sus resultados entre las organizaciones de la sociedad civil e instituciones.
“Los conflictos expresan el encuentro o enfrentamiento de fuerzas sociales en pugna. Trazar la trayectoria de los enfrentamientos nos permite conocer cuáles son las fuerzas sociales que realmente se encuentran operando en una sociedad determinada”, explicó el profesor Maximiliano Román, en Radio Nacional Resistencia: “nuestros trabajos e indagaciones los entregamos a diferentes organizaciones sociales con el objeto de aportarles herramientas que les permita una mejor gestión, y en algunos casos son utilizados en causas judiciales”, afirmó.

En diálogo con Noelia Moreyra, uno de los aspectos que mencionó fue la investigación realizada, con la Red de Derechos Humanos de Corrientes, con motivo del asesinato, el 21 de abril, de José María Candia, un interno de la Unidad Penal Nro. 1: “en esa indagación se refleja la situación general en las unidades carcelarias en las que muchos de los detenidos, provienen de situaciones familiares de extrema pobreza y terminan presos. El caso específico de Candia se dio en el contexto de una huelga de hambre en reclamo de la aplicación de medidas sanitarias referidas a COVID-19, que fue reprimida con la participación de agentes penitenciarios que estaban, o debieran estar, en aislamiento social obligatorio, pero que fueron convocadas para participar de la misma. En las pericias que se hicieron al cuerpo de Candia, se determinó el uso de balas de plomo y hasta el momento no hay detenidos”, señaló.

Román recordó que la responsabilidad de la seguridad de los internos es del Estado y en Corrientes se comprobó, que en los últimos diez años, murieron 7 internos, 6 hombres y una mujer trans, y que la mayor parte de las cárceles y comisarías del Noreste están superpobladas, condición que se agrava con el actual contexto de pandemia.
“Las muertes no se producen por un hecho determinado, sino que las cárceles son lugares que posibilitan o permiten esas desgracias, como por ejemplo la no atención médica y la falta de mínimas condiciones para las personas. Hay un gran sector de la sociedad que avala la existencia de condiciones infrahumanas de detención, pues considera que los internos son 'no humanos'”, aseveró.
En el estudio señalado por Román se informa que desde el 16 de abril al 16 de mayo de este año, la mayor cantidad de contagios de COVID-19 verificados, se dio a través del personal carcelario, situación que originó la huelga de hambre, la represión y la muerte de Candia. Con posterioridad a la misma, se aplicaron protocolos de sanidad y desde el 26 de junio se logró terminar con los contagios en la unidad penal.
“Estas situaciones proliferan, como en el caso de Fontana por ejemplo, y creemos que la Universidad, como un aporte a la sociedad, debe ocuparse de ello”, concluyó.