La Cámara Federal porteña ordenó desarchivar la investigación apuntada a determinar si el gobierno de Alberto Fernández demoró de modo intencional las negociaciones con Pfizer por las vacunas contra el coronavirus durante la pandemia.

La sala I del tribunal de apelaciones advirtió que "la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación".

Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi lo decidieron al revocar un fallo del juez federal Ariel Lijo, que a fin de año había desestimado las denuncias. El caso llegó a la Cámara Federal tras una apelación presentada por el fiscal Carlos Stornelli. 

“En consonancia con los acusadores, entendemos que aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”, sostuvieron los jueces. 

“En particular se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación”, remarcaron.

La ausencia de avance en este sentido “impide efectuar un análisis respecto a los supuestos ilícitos que abarcan el objeto procesal”, remarcaron los jueces que luego agregaron: “Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer, situación que se incluye en la hipótesis criminal circunscripta en autos”.

En esa dirección, los camaristas sostuvieron la investigación posee "extremos fácticos de contornos aún incompletos, cuyo ahondamiento se impone necesario para arribar a la verdad de los eventos" y afirmaron que las diligencias probatorias propuestas por la fiscalía "son medidas a priori idóneas y plausibles para obtener un panorama más íntegro respecto del suceso investigado".

El expediente se inició con denuncias de diputados que en 2021 conformaban la oposición, como Omar Marchi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Alberto Asseff y Jorge Enriquez.

Reclamaban que “se investiguen los motivos por los cuales la República Argentina no habría logrado contar en debido tiempo con las vacunas contra el COVID-19”, según recordaron los jueces en el fallo emitido hoy. 

Por entonces, los denunciantes también aseveraron que el gobierno de Fernández le habría dispensado un trato preferente a otros laboratorios que fueron privilegiados con su contratación.

El fiscal circunscribió el objeto de investigación a establecer si, en el marco de los procesos de adquisición de vacunas contra el virus COVID-19 por parte del Estado argentino, los funcionarios intervinientes obraron en violación de los deberes a su cargo, o interesándose en miras de un beneficio propio o de un tercero en forma incompatible con el ejercicio de las funciones públicas, quizá bajo un posible tráfico de influencias.

Otra hipótesis investigativa tiene que ver con la presunta demora por parte del Gobierno nacional de entonces en adquirir las vacunas de Pfizer, como así también en la aplicación de las segundas dosis de aquellas conocidas como Sputnik-V, provocaron una disminución en la expectativa de vida de las víctimas de COVID-19.